Lunes, 29 de junio de 2015.

 

Muchas veces nos vemos en la absurda situación de no poder contratar un servicio como un ADSL o un producto financiero simple como la concesión de un crédito. Ello se debe a que una compañía de telefonía nos ha incluido en un registro de morosos. Ese registro es un fichero automatizado de tratamiento de datos de carácter personal relativos a incumplimiento de obligaciones dinerarias.

Las presuntas deudas suelen ser nimias pero nuestros datos son comunicados a numerosas entidades de todo tipo que nos impiden contratar un seguro o  incluso un tratamiento dental que se oferta en clínica con facilidades de pago sin intereses.

 

Normalmente se inicia un procedimiento arbitral de reclamación ante la Junta Arbitral de Consumo que suele estimar con un laudo la reclamación y ordena a la compañía que ha incluido nuestros datos personales que de de baja los mismos de los registros de morosos que suele tardar un tiempo nada prudencial (más de 10 días que preceptúa el art. 16.1 de la Ley de Protección de Datos), que sumado al tiempo anterior al proceso arbitral y al tiempo de duración del mismo genera un daño que ha de ser indemnizable. Este es uno de los motivos por el que puede prosperar el aumento de la indemnización: se trata de circunstancias que agravan el daño sufrido (realizar numerosas gestiones para conseguir la cancelación de sus datos en los registros de morosos, lo que supone una mayor penosidad).

 

Por fin la Sentencia de 18 de febrero de 2015 TS y siguiendo la doctrina anterior (en la protección del derecho al honor no son admisibles las indemnizaciones de carácter simbólico), estima el recurso elevando la cuantía indemnizatoria. Esta sentencia tiene varias novedades doctrinales en forma de aclaración de conceptos:

1.- Sobre la cuantía indemnizatoria: aclara que el principio de respetar la acordada por el tribunal de instancia que en la vetusta doctrina que impedía el recurso de casación por esta única cuestión de discusión de cantidad indemnizatoria, debe matizarse en cuestiones con trascendencia constitucional,  así que este principio debe flexibilizarse siendo posible el interés casacional siempre que:

- se trate de casos de error notorio, arbitrariedad o manifiesta desproporción o que el tribunal no se hubiera atenido a los criterios que establece el art. 9.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

 

El éxito de la revisión en casación ha sido el tomar en cuenta la Audiencia el escasísimo monto de la deuda para rebajar la cuantía de la indemnización. El TS considera que se trata de una intromisión ilegítima en el derecho al honor de una trascendencia considerable porque claramente muestra que no responde a un problema de solvencia sino a una actuación incorrecta del acreedor. Por otro lado el error de la Audiencia fue considerar la rebaja de la indemnización en base a que  no constaba que la inclusión de sus datos en los registros de morosos obstaculizara el acceso al crédito. El TS considera que la inclusión afecta negativamente al prestigio e imagen de solvencia del demandante y que le impide la obtención de financiación o la contratación de prestaciones periódicas o continuadas tales como las de telefonía o seguros, sectores a los que se dedican las empresas que consultaron los registros de morosos.

 

-Los daños deben incluir y cuantificar: 

a) el patrimonial verificable y cuantificable fácilmente (por ejemplo, el derivado de que el afectado hubiera tenido que pagar un mayor interés por conseguir financiación al estar incluidos sus datos personales en uno de estos registros)

b) el patrimonial difuso (como son los derivados de la imposibilidad o dificultad para obtener crédito o contratar servicios)

c) los daños derivados del desprestigio y deterioro de la imagen de solvencia personal y profesinal (cuya cuantificación ha de ser necesariamente estimativa).

d) La indemnización también ha de resarcir el daño moral, entendido como aquel que no afecta a los bienes materiales que integran el patrimonio de una persona, sino que supone un menoscabo de la persona en sí misma, de los bienes ligados a la personalidad, por cuanto que afectan a alguna de las características que integran el núcleo de la personalidad, como es en este caso la dignidad (la determinación de la cuantía de la indemnización por estos daños morales ha de ser también estimativa).

  Por Margarita Matas Pinedo.

 

viernes, 12 de junio de 2.015

Empleo y Seguridad Social

REMISIÓN AL PACTO DE TOLEDO DE LAS MEDIDAS PARA RECONOCER LA CONTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS MADRES TRABAJADORAS

 

Con el complemento por maternidad en las pensiones de Jubilación, Viudedad e Incapacidad Permanente se trata de valorar, no sólo sus aportaciones económicas, sino también la aportación en forma de hijos, un factor esencial para la continuidad del Sistema

Consiste en un porcentaje adicional a la pensión del 5 por 100 en caso de dos hijos, del 10 por 100 si son tres y del 15 por 100, por cuatro o más hijos

El Consejo de Ministros ha acordado remitir a la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados una propuesta para reconocer la contribución demográfica al sistema de Seguridad Social de las mujeres trabajadoras que compatibilizan su carrera laboral con la maternidad.

 

En concreto, se apuesta por introducir un complemento adicional a la cuantía de las altas de pensiones contributivas -de Jubilación, Viudedad e Incapacidad Permanente- de las mujeres que han tenido dos o más hijos.

 

El objetivo es que el suplemento beneficie a las pensiones de las clases citadas causadas a partir del 1 de enero de 2016, si bien le corresponde ahora a la Comisión del Pacto de Toledo debatir el alcance la propuesta y su orientación normativa.

 

La propuesta está incluida en el Plan Integral de Apoyo a las Familias, aprobado por el Gobierno el pasado 14 de mayo, y que en conjunto tiene un presupuesto de 5.400 millones de euros.

 

Escala

 

El porcentaje adicional de la pensión contributiva que se propone para las mujeres que tuvieron hijos sigue la siguiente escala:

 

En caso de haber tenido dos hijos, el 5 por 100.

Si fueron tres hijos, el 10 por 100.

Y en el caso de cuatro o más, el 15 por 100.

Es decir, una vez calculada la nueva pensión de acuerdo a las reglas de cálculo para cada prestación, se aplica el porcentaje correspondiente en función del número de hijos. El resultado será el importe de la pensión incrementado en esa cantidad.

 

Este complemento se dirige especialmente a las mujeres con carreras de cotización suficientes para generar una pensión, es decir, mujeres trabajadoras y con residencia continuada en España.

 

El efecto de la medida es acumulativo. Así, en 2017 se benefician las altas de pensionistas en 2016 que siguen vivas más las altas propias del ejercicio; en 2018, las altas de pensionistas de 2016 y 2017 que siguen vivas más las producidas en el año, y así sucesivamente:

 

TIPO DE PRESTACIÓN 2016 2017 2018 2019

Jubilación 45.882 88.914 128.100 165.773

Incapacidad Permanente 18.618 38.047 54.278 70.613

Viudedad 58.857 114.990 168.447 219.119

TOTAL BENEFICIARIAS 123.357 241.951 350.825 455.504

Coste de la cotización demográfica

 

La propuesta responde a una cotización demográfica que reconoce el esfuerzo de las mujeres trabajadoras con hijos en forma de un incentivo económico que contribuya a cerrar la brecha de género a la hora de generar pensiones.

 

Con esta medida la Seguridad Social reconoce la aportación de las familias como elemento clave para la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, que al ser un sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional depende además del empleo de la evolución demográfica.

 

La previsión es que el complemento se financie anualmente como una cuantía adicional de pensión con cargo al sistema contributivo y, por tanto, al Presupuesto de la Seguridad Social.

 

Pacto de Toledo

 

A la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo le corresponde evaluar y debatir el alcance de esta propuesta, así como orientar sobre la forma adecuada de incorporarla a la legislación de la Seguridad Social.

 

El propio Pacto de Toledo, en su Recomendación 17ª de 2011, abogó por reconocer el esfuerzo asociado a la maternidad en la Seguridad Social. En este sentido se orientan también las Recomendaciones de la Unión Europea que señalan el reconocimiento de la natalidad como eje de futuro del Sistema, de forma que se ayude a prevenir situaciones de desprotección de la mujer ante insuficiencias de pensiones futuras.

 

Algunos países de nuestro entorno han adoptado medidas que también incorporan para la valoración final de la pensión a recibir, no sólo la cotización económica, sino el concepto de "cotización demográfica", reconociendo el esfuerzo realizado por las mujeres en la tenencia y cuidado de hijos a costa de su actividad laboral

martes, 14 de abril de 2015.

 

Si te interesa la tan controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, aquí tienes el enlace:

 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

martes, 14 de abril de 2015.

 

Si te interesa el control de la actividad económico-financiera de los partidos, aquí tienes el enlace de la nueva regulación normativa:

 

TRIBUNAL DE CUENTAS| Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

 

martes, 14 de abril de 2015. 

 

 Si te interesan los delitos y las faltas, aquí tienes el enlace del nuevo Código Penal que te ayudaremos a interpretar:

 

 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.