Lunes, 29 de junio de 2015.

 

Muchas veces nos vemos en la absurda situación de no poder contratar un servicio como un ADSL o un producto financiero simple como la concesión de un crédito. Ello se debe a que una compañía de telefonía nos ha incluido en un registro de morosos. Ese registro es un fichero automatizado de tratamiento de datos de carácter personal relativos a incumplimiento de obligaciones dinerarias.

Las presuntas deudas suelen ser nimias pero nuestros datos son comunicados a numerosas entidades de todo tipo que nos impiden contratar un seguro o  incluso un tratamiento dental que se oferta en clínica con facilidades de pago sin intereses.

 

Normalmente se inicia un procedimiento arbitral de reclamación ante la Junta Arbitral de Consumo que suele estimar con un laudo la reclamación y ordena a la compañía que ha incluido nuestros datos personales que de de baja los mismos de los registros de morosos que suele tardar un tiempo nada prudencial (más de 10 días que preceptúa el art. 16.1 de la Ley de Protección de Datos), que sumado al tiempo anterior al proceso arbitral y al tiempo de duración del mismo genera un daño que ha de ser indemnizable. Este es uno de los motivos por el que puede prosperar el aumento de la indemnización: se trata de circunstancias que agravan el daño sufrido (realizar numerosas gestiones para conseguir la cancelación de sus datos en los registros de morosos, lo que supone una mayor penosidad).

 

Por fin la Sentencia de 18 de febrero de 2015 TS y siguiendo la doctrina anterior (en la protección del derecho al honor no son admisibles las indemnizaciones de carácter simbólico), estima el recurso elevando la cuantía indemnizatoria. Esta sentencia tiene varias novedades doctrinales en forma de aclaración de conceptos:

1.- Sobre la cuantía indemnizatoria: aclara que el principio de respetar la acordada por el tribunal de instancia que en la vetusta doctrina que impedía el recurso de casación por esta única cuestión de discusión de cantidad indemnizatoria, debe matizarse en cuestiones con trascendencia constitucional,  así que este principio debe flexibilizarse siendo posible el interés casacional siempre que:

- se trate de casos de error notorio, arbitrariedad o manifiesta desproporción o que el tribunal no se hubiera atenido a los criterios que establece el art. 9.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

 

El éxito de la revisión en casación ha sido el tomar en cuenta la Audiencia el escasísimo monto de la deuda para rebajar la cuantía de la indemnización. El TS considera que se trata de una intromisión ilegítima en el derecho al honor de una trascendencia considerable porque claramente muestra que no responde a un problema de solvencia sino a una actuación incorrecta del acreedor. Por otro lado el error de la Audiencia fue considerar la rebaja de la indemnización en base a que  no constaba que la inclusión de sus datos en los registros de morosos obstaculizara el acceso al crédito. El TS considera que la inclusión afecta negativamente al prestigio e imagen de solvencia del demandante y que le impide la obtención de financiación o la contratación de prestaciones periódicas o continuadas tales como las de telefonía o seguros, sectores a los que se dedican las empresas que consultaron los registros de morosos.

 

-Los daños deben incluir y cuantificar: 

a) el patrimonial verificable y cuantificable fácilmente (por ejemplo, el derivado de que el afectado hubiera tenido que pagar un mayor interés por conseguir financiación al estar incluidos sus datos personales en uno de estos registros)

b) el patrimonial difuso (como son los derivados de la imposibilidad o dificultad para obtener crédito o contratar servicios)

c) los daños derivados del desprestigio y deterioro de la imagen de solvencia personal y profesinal (cuya cuantificación ha de ser necesariamente estimativa).

d) La indemnización también ha de resarcir el daño moral, entendido como aquel que no afecta a los bienes materiales que integran el patrimonio de una persona, sino que supone un menoscabo de la persona en sí misma, de los bienes ligados a la personalidad, por cuanto que afectan a alguna de las características que integran el núcleo de la personalidad, como es en este caso la dignidad (la determinación de la cuantía de la indemnización por estos daños morales ha de ser también estimativa).

  Por Margarita Matas Pinedo.