jueves, 26 de febrero de 2015.

El Tribunal Constitucional en Pleno en su sentencia de fecha 25 de marzo de 2014 declara insconstitucional y nula la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”.

 

 jueves, 26 de febrero de 2015

 

  El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su satisfacción parcial porque la lucha que ha liderado durante mil días junto a los operadores jurídicos, partidos políticos, sindicatos y consumidores, en la calle y en las redes sociales, ha provocado que el Gobierno haya tomado, finalmente la decisión de eliminar las tasas judiciales para las personas físicas.

 

  Para evitar que miles de ciudadanos sigan sufriendo la violación de su derecho fundamental de acceso a la Justicia, la Abogacía reclama del Gobierno una solución transitoria inmediata que exima ya del pago de las tasas hasta que se apruebe por decreto ley.

 

  Además, la Abogacía continúa defendiendo que, dentro del paquete de medidas que tratan de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, la medida de supresión de las tasas se extienda también a las pequeñas y medianas empresas. La Abogacía ha defendido siempre la derogación de la Ley.

 

  No obstante, tras más de dos años de barreras al ejercicio del derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos y de vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la justicia, esta medida supone acabar con una situación radicalmente injusta.

 

 

 

Por Fernando Sanahuja, responsable del área de Seguros y socio del despacho Sanahuja & Miranda, de Barcelona

 

En los casos de reclamaciones por Seguros de Vida, es muy habitual que las aseguradoras excluyan de la cobertura indemnizatoria las pólizas del seguro de vida basándose en los Artículos 10 y 89 de la Ley de Contrato de Seguro (en adelante LCS) por considerar que existe dolo o culpa grave del asegurado por no haber informado de patologías previas en el Cuestionario de Salud; lo que denominan como “preexistencias”.

 

Ante dicha respuesta de la Aseguradora nos debemos preguntar si existen dos elementos principales: 1) Existencia de cuestionario de salud relacionado en torno al modo de presentación del mismo; y 2) Valoración de existencia de dolo o culpa grave del asegurado en las respuestas realizadas ante dicho cuestionario que se le presenta.

 

En relación al primero de los elementos señalados hay que definir que los efectos de la falta de presentación del cuestionario de salud por parte de la compañía de seguros son claros y concluyen por no tenerla por presentada y, por tanto, se da plena ejecutividad la póliza otorgándose la indemnización pactada en póliza a favor del beneficiario de la misma o bien a favor del Asegurado según sea la prestación.

 

Debe recordarse que la práctica tan extendida en la época del Boom inmobiliario de vender seguros de vida por Agentes Bancarios en funciones del de Seguros, vinculándolos a los préstamos hipotecarios, está siendo valorada mayoritariamente por los Juzgados y Tribunales como falta de presentación del cuestionario; y, por tanto, ante la falta de cuestionario de salud no podrá apreciarse las alegaciones de dichas entidades de existencia de “preexistencia” o de “mala fe del asegurado” (Arts. 10.3 y 89 LCS)

 

Buen ejemplo de lo anterior lo constituyen las Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2001, 4 de abril de 2007, 20 de abril de 2009 o la de 4 de enero de 2008 en las que se expone perfectamente la situación descrita así como la resolución judicial ante tales abusos de las Entidades Aseguradoras, concluyendo todas ellas en que si “el agente de la aseguradora fue quién rellenó el cuestionario que el tomador del seguro se limitó a firmar, ello equivale a una falta de presentación del cuestionario, cuyas consecuencias no pueden hacerse recaer sobre el asegurado”

 

Asimismo y para el caso que se entendiera presentado el cuestionario, debemos atender a la forma en la que se plantea el cuestionario y se pregunta por la aseguradora; si es comprensible o no así como si las preguntas son muy genéricas o específicas de la patología en cuestión.

 

Lo anterior es muy relevante puesto que es  el asegurador el que asume el riesgo en caso de no presentar el cuestionario de salud o de hacerlo de forma incompleta. El Asegurador es el obligado a preguntar, el aspirante a asegurado a responder lo que se le pregunte.

 

En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 noviembre de 2007 indica:

 

“El artículo 10, en lugar de concebir de una forma general y abstracta los límites del deber del tomador de declarar todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo, ha acotado este deber limitándolo a la contestación del cuestionario que le someta el asegurador. Aparece así,no un deber espontáneo o independiente del tomador, sino un deber de responder a un cuestionario que tiene su precedente en el derecho suizo. A diferencia del art. 381 del Código de Comercio, en el que el asegurado estaba obligado a decir todo lo que sabía sobre el riesgo y también decir exactamente todo lo que dice, el art. 10 circunscribe el deber de declaración al cuestionario que el asegurador someta al presunto tomador del seguro”.

 

Así las cosas, nos encontramos que la obligación del asegurado es la de responder al cuestionario que se le presenta, no pudiendo ser considerada en ningún caso actuación dolosa o culpa grave la falta de notificación de patologías no preguntadas por la Aseguradora en el Cuestionario de Salud, que como decimos es quién tiene la obligación de preguntar.

 

OCULTAR PATOLOGÍAS PREVIAS

 

Asimismo y en relación al SEGUNDO de los ejes principales de las defensas de estos asuntos hay que valorar la habitual falta de pago alegada por las Aseguradoras en atención al Art. 10.3. “in fine” de la Ley de Contrato de Seguro (en adelante LCS) en el sentido de que existe “dolo o culpa grave del asegurado al ocultar una patología previa”.

 

Dicho argumento ha sido estudiado y valorado por la reciente Sentencia de la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de abril de 2013, Ponente: D. Antonio Gómez Canal. Al respecto se efectúan las siguientes valoraciones:

 

Límites a la valoración del concepto legal de dolo o culpa grave que se recogen en los Arts. 10 y 89 LCS.

No puede quedar incardinado en caso de ocultación de patología ocurrida diez años antes de la suscripción de la póliza de vida y sin tratamiento alguno hasta la fecha de declaración de invalidez, al no apreciar en palabras de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2012 ni “maquinaciones insidiosas, ni intención engañosa, ni representación consciente y probable de una enfermedad (art 1269 CC)” que pudiera justificar el drástico efecto de liberar a la aseguradora del cumplimiento de su obligación.

Es decir, deberá probarse por la Aseguradora la existencia de una manifiesta y consciente voluntad por el aspirante a asegurado/-a en el momento de la suscripción a faltar a la verdad con claros efectos de producir un siniestro.

En este punto es importante apuntar lo que ocurre con muchas de laspatologías psiquiátricas, que, de forma habitual tienen como común denominador la falta de conciencia de enfermedad, lo que da a múltiples motivos de defensa en relación a la inexistencia de dolo o culpa grave puesto que al no existir autoconocimiento de sufrir enfermedad es imposible poderla declarar.

En conclusión, las reclamaciones por seguros de vida suelen terminar en  procedimientos judiciales, por la sistemática falta de cobertura de todo siniestro de vida por las Aseguradoras, si bien la acogida general por los Juzgados y Tribunales es mayormente positiva para los intereses de los asegurados, según hemos podido observar anteriormente.

11 de febrero de 2015

 

Justicia ultima la revisión de la Ley de tasas con idea de limitar las que afectan a los ciudadanos.-

 

Desde el Consejo General de la Abogacía se reclama directamente la supresión de las tasas

 

 

 

La supresión sería coherente con la posición que Catalá mantuvo en 2003 cuando era secretario de Estado de Justicia (con José Michavila como ministro) al defender las tasas judiciales pero no para las personas físicas, sino únicamente para las jurídicas 

 

 

 

La nueva revisión de la ley de tasas podría hacerse vía enmienda transaccional a la Ley de Justicia Gratuita

 

 

 

El Ministerio de Justicia está ultimando su propuesta para revisar el vigente sistema de tasas judiciales impulsado en su momento por este departamento cuando todavía lo dirigía Alberto Ruiz Gallardón. Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de los planes de Justicia, el Ministerio está preparando una modificación que beneficiará a las personas físicas afectadas por esta tasa y que se acerca a las reivindicaciones que vienen planteando sectores profesionales como la abogacía.

 

 

 

La Ley de Tasas en la Administración de Justicia se aprobó en noviembre de 2012 y apenas tres meses después y tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, se sometió una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.

 

 

 

Sin embargo, la práctica totalidad de los sectores profesionales, con el Consejo General de la Abogacía a la cabeza, expresaron su oposición a la reforma porque no modificaba la cuantía fija de las tasas (hasta 1.200 euros), ni la aplicación de la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos, que tienen que abonar hasta 2.800 euros por un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación ante el Tribunal Supremo, además de mantener la inclusión de las personas físicas en este tributo.

 

 

 

Al suceder a Gallardón al frente del Ministerio de Justicia el pasado mes de septiembre, el nuevo ministro, Rafael Catalá, anunció que las tasas volverían a revisarse y ya tiene casi ultimada la propuesta que va piensa elevar en breve al Consejo de Ministros. Eso sí, tiene que recibir el visto bueno también del Ministerio de Hacienda ya que podría suponer merma de ingresos para las arcas públicas.

 

 

 

Desde el Consejo General de la Abogacía se reclama directamente la supresión de las tasas y, aunque aún no se ha cerrado un texto definitivo, desde el Ministerio no se descarta que éstas puedan suprimirse en algunos casos y que, para compensar los efectos negativos sobre la recaudación, las que tienen que abonar las empresas se vean incrementadas.

 

 

 

ERA LO QUE EL MINISTRO DEFENDÍA EN 2003

 

Esta propuesta sería coherente con la posición que Catalá mantuvo en 2003 cuando era secretario de Estado de Justicia (con José Michavila como ministro) al defender las tasas judiciales pero no para las personas físicas, sino únicamente para las jurídicas (sociedades y empresas).

 

 

 

Se prevé que la decisión final la tome en breve el Consejo de Ministros y aún está por ver cómo se hará efectiva la reforma de la ley vigente. Teniendo en cuenta que quedan escasos meses de legislatura, parece descartada la vía del proyecto de ley. La reforma acometida en febrero de 2013 se hizo mediante un decreto ley que entró en vigor inmediatamente y después fue convalidado por el Congreso.

 

 

 

Para esta nueva reforma se podría repetir esta fórmula o bien aprovechar alguno de los múltiples proyectos de Justicia que están en trámite en el Parlamento. El más indicado sería el proyecto de ley de Justicia gratuita que lleva ‘congelado’ en el Congreso desde el pasado verano. Entonces los grupos parlamentarios registraron sus enmiendas parciales pero éstas aún no se han debatido.

 

 

 

Así las cosas, la nueva revisión de la ley de tasas podría hacerse vía enmienda transaccional a la Ley de Justicia Gratuita una vez se reactive su tramitación convocando la ponencia y la comisión encargadas de la misma.

 

 

 

Además, está previsto que en las próximas semanas y siempre antes de que termine febrero el Gobierno remita al Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para asegurarse que se aprueban de manera definitiva a más tardar en mayo.

 

Coincidiendo con la aprobación de la Recomendación R (98) de 21 de enero de 1998 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros, sobre Mediación Familiar, los Colegios de Abogados han organizado diversos actos para celebrar el Día Europeo de la Mediación.

 

Por segundo año consecutivo, el Colegio de Abogados de Madrid y su Centro de Mediación,mediaI CAM, ha organizado durante todo el día una serie de actividades en la Delegación Sur de Móstoles y en su sede colegial. La decana, Sonia Gumpert, ha presidido hoy el acto central del “Día Internacional de la Mediación” organizado por las Instituciones para la Difusión de la Mediación (IDM), que agrupa a todas las profesiones comprometidas con la mediación como alternativa para la resolución de conflicto, celebrado en la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid.